Izquierda Unida y PSOE exigen al gobierno Aguirre que “ponga coto” a la política urbanística del PP en Brunete
viernes, 30 de noviembre de 2007

Los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y PSOE, en rueda de prensa conjunta en la Asamblea de Madrid, han denunciado el presunto fraude urbanístico que se está produciendo en el Valle de los Rosales en Brunete, por parte del gobierno local del PP, y han exigido a la Comunidad de Madrid “que se implique y ponga freno a este proceso especulativo”. A esta rueda de prensa también asistieron los abogados Luis Bueno y Francisco Fernández Castán, que llevan los tres procesos judiciales abiertos contra el Ayuntamiento de Brunete.
“El Ayuntamiento de esta localidad, ante la impasibilidad del gobierno regional, está cambiando a su antojo los usos del suelo en función de sus intereses. Es un hecho gravísimo que requiere la inmediata intervención de la Comunidad de Madrid, antes de que sea demasiado tarde, y estemos en una situación de hechos consumados” ha manifestado la Portavoz del Grupo Parlamentario de IU en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés.
Los hechos denunciados por los vecinos e IU son los referidos a tres construcciones presuntamente irregulares: la de una Residencia de Estudiantes, que posteriormente ha pasado a ser un edificio de apartamentos, la construcción de unos lofs en un suelo dotacional, y la edificación de una residencia de ancianos privada que, aunque terminada no está en funcionamiento, en un suelo en principio de uso para viviendas unifamiliares. En los tres casos el uso inicialmente previsto para el suelo no se corresponde con los edificios que posteriormente se han construido.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del PSOE e IU (también acudieron miembros de IU de Brunete, entre ellos, Pilar de la Fuente, portavoz municipal) exigen a la Comunidad de Madrid que no permanezca impasible ni sea cómplice de estas conductas, que ejerza sus funciones inspectoras y requiera al Ayuntamiento de Brunete que restablezca la legalidad y paralice las licencias que no se ajustan a ella. Además, han advertido que cualquier demora en estas actuaciones supondría un perjuicio irreparable para los vecinos afectados y para aquellos que acceden a una vivienda cuyos usos no son acordes con la normativa urbanística.